En respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la ilegalidad de los peajes a camiones en la N-1 y la A-15, las Juntas Generales de Guipúzcoa plantean en un nuevo “malabarismo judicial” un incidente de nulidad para tratar de revocarla alegando que el Alto Tribunal debería haber consultado previamente al Tribunal de Justica de la UE antes de dictar sentencia
La Diputación de Guipúzcoa, está dispuesta a agotar todos los cartuchos de que dispone antes de obedecer la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que confirmaba la ilegalidad de los peajes a camiones puestos en marcha en 2018 tanto en la N-1 como en la A-15, una sentencia que viene a sumarse a las emitidas (por partida doble) por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ya lo timbó en su día por su carácter discriminatorio.
Ahora, tras la última sentencia y tirando de “malabarismos judiciales” , Las Juntas Generales han interpuesto un “incidente de nulidad” contra la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad de los peajes dictada en su día por el TSJ del País Vasco a la primera norma foral que estuvo en vigor entre Enero de 2018 y Marzo de 2019, en que fue sustituida por una versión “maquillada” que es la que actualmente se sigue aplicando pese al pronunciamiento también en contra del TSJ y sobre el que deberá pronunciarse en los próximos meses el Tribunal Supremo.
En el recurso judicial planteado, se insiste de nuevo en el que el sistema de peajes establecido fue bendecido por la Comisión Europea, y que por ello el Tribunal Supremodebería haber planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia europeo antes de pronunciarse, ya que la jurisprudencia europea invocada no sería de aplicación al caso. Sin embargo, una vez más se olvida que la Comisión se limita a validar los aspectos técnicos de los peajes a aplicar, no entrando a valorar sobre el carácter discriminatorio o no de la medida, que s lo que precisamente ha motivado la sentencia desfavorable a la legalidad de los peajes establecidos.
Hay que recordar que, una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado el primero de los fallos judiciales y en próximos meses resolverá sobre el segundo, la Diputación Foral de Guipúzcoa podría tener que hacer frente a la devolución de los más de 40 millones de euros recaudados hasta la fecha, más lo que se siga recaudando en los próximos meses, a los transportistas españoles y del resto de la Unión Europea que transitan habitualmente por territorio guipuzcoano.
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